La Unión Europea concede subsidios a los productores y compradores de biocombustibles y se espera que la cuantía de éstos se eleve en los próximos años para hacer frente a la meta de aumentar el uso de los biocombustibles de un 2% a un 10% en 2010.
Pero comienzan a alzarse las voces críticas a estas subvenciones, ya que no sería conveniente financiar con dinero público la obtención de ese tipo de combustible.
Alegan que para obtener etanol a partir de la remolacha y evitar que se produzca una tonelada de CO2 se necesitan entre no menos de 600-800 euros.
Por otra parte, la industria del biocombustible necesita grandes cantidades de combustibles fósiles para transformar la materia prima. En definitiva, el descenso de las emisiones netas de CO2 sería muy bajo.
Otro problema radica en los aranceles impuestos a los países exportadores de etanol procedente de la caña de azúcar, generalmente países en desarrollo que se ven afectados por estos aranceles.
También se presentan cuestiones éticas referidas a la producción, ya que las condiciones laborales de los trabajadores en plantaciones de Brasil y Malasia rozan la esclavitud.
Hay que tener en cuenta también la deforestación y la contaminación del suelo que sufren las zonas explotadas.
Aunque, el aspecto político más importante es la posible inestabilidad económica que generaría en el mercado la incorporación de los biocombustibles a gran escala.
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