Pues bien, esta semana se ha conocido la noticia de que:
Las autoridades europeas han decidido demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades que supuestamente ha cometido la Junta de Castilla y León durante la evaluación ambiental de las explotaciones mineras a cielo abierto de MSP, ahora Coto Minero del Sil, en Laciana.En esa misma noticia también se puede leer:
Son muchas las conclusiones del Ejecutivo de la UE para denunciar la ilegalidad de estas explotaciones, al no haberse aplicado las directivas de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Hábitats, teniendo en cuenta que en la zona sobreviven a la extinción especies prioritarias como el oso pardo cantábrico y el urogallo.En esta otra noticia, se puede leer:
[...]la Junta, sabiendo que los procesos de evaluación ambiental correspondían a proyectos enmarcados en suelo altamente protegido, no tuvo en cuenta de qué manera afectaban a su entorno más cercano, desvirtuó las posibles consecuencias sobre el medio al cursar las explotaciones de forma separada sin valorarlas como un todo y, por último, no tuvo en cuenta que, al ser una actividad negativa para el medio, no se trata de una suma de proyectos, sino una multiplicación de sus efectos.
Las reacciones en la comarca de Laciana fueron ayer unánimes en defensa de la minería de exterior bajo el argumento de la «necesidad social» de mantener esta actividad, directamente vinculada a las explotaciones subterráneas.Y en esta otra:
España ya ha recurrido la demanda presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas ante el máximo órgano jurisdiccional europeo por las supuestas infracciones cometidas en la tramitación de concesiones mineras a cielo abierto en suelo altamente protegido de la comarca leonesa de Laciana.Yo no voy a entrar en quién tiene razón y quién no, porque creo que ya está bastante claro. La minería debe ser lo más respetuosa posible con el medio ambiente, los proyectos mineros no solamente se tienen que regir por aspectos económicos sino que se deben regir conjuntamente por aspectos económicos y ambientales.
La Consejería de Medio Ambiente asegura que todos los proyectos incluidos en la demanda han sido tramitados conforme a la normativa en vigor «en su momento de aprobación».
¿Y vosotros qué opináis? ¿Es legítimo explotar un entorno natural hasta el extremo de destrozarlo por completo si con ello el beneficio económico es muy alto? ¿Es posible un modelo de minería sostenible? ¿Somos todos los mineros iguales o tenemos tan mala fama por actuaciones como ésta?
Espero vuestros comentarios.
